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El Ministerio Público Fiscal dio los primeros pasos en una nueva investigación penal que involucra al intendente de Santa Elena, Domingo Daniel Rossi.
El expediente se abrió tras una denuncia pública realizada el año pasado por Ariel Juárez, coordinador de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader) en Santa Elena, quien solicitó información sobre los 170 millones de pesos que recibió de Nación el municipio en octubre de 2023 para el Parque Industrial, dinero que no se habría destinado al proyecto. La denuncia fue ratificada por el denunciante ante las cámaras de Cuestión de Fondo (Canal 9 Litoral) en septiembre de 2024.
Finalmente, días atrás, la investigación tuvo sus primeros movimientos. El propio Rossi dio a conocer la novedad al publicar en su Facebook una imagen en la que el fiscal Gonzalo Badano le solicita que designe abogado en el marco del legajo N° 285545 "Municipalidad de Santa Elena s/ Actuaciones de Oficio". Sin embargo, lo hizo reaccionando de modo autoritario contra el organismo encargado de investigar si existieron o no irregularidades en el uso de fondos públicos.
En su posteo, afirmó que los fiscales "arman causas para intimidar a quienes no se callan y no se alinean". Y agregó: "Ahora vienen con otra causa armada del Parque industrial. Desde la denuncia hasta la causa es trucha porque todos los papeles y las cuentas detallan que cada centavo se gastó en el parque. El Parque Industrial está terminado; y sin la colaboración de algunos organismos de la provincia que se hacen los distraídos para habilitar e inaugurar. Y ahora quieren usar eso como excusa. No me estoy victimizando: estoy mostrando cómo operan cuando alguien no se deja manejar. Y no me van a callar porque me debo al pueblo de Santa Elena. Estoy donde decide la gente, no estoy puesto a dedo. Parece que les molesta la democracia".
ANÁLISIS averiguó concretamente qué dice la apertura de la causa penal y confirmó que la Fiscalía solicitó allanamiento y presentación de documentación respecto del proyecto del Parque Industrial con fondos provenientes del Estado Nacional.
Otros hechos bajo investigación
A este hecho, se le suman otros que son materia de investigación. En el expediente, también se analizan presuntas irregularidades al celebrar los convenios fechados el 5 de junio de 2010 y el 19 de octubre de 2011, entre Asunción Olmedo, presidenta municipal (fallecida en septiembre del 2025, quien asumió en 2007 al quedar firme la sentencia condenatoria contra Rossi) y Carlos Caballero, secretario de Gobierno de la Municipalidad con Jorge Hernán García Guiffre y Gastón Delgado, ambos representantes legales y apoderados del local bailable Mora Disco Bar. Se investiga si se estableció "una tasa mensual y excluyeron cualquier otro gravamen incumpliendo con la normativa en la materia vigente y creando beneficios indebidos e injustificados a favor de los mencionados causándole un perjuicio al patrimonio municipal". Es decir, si eximió a un privado de pagar impuestos a la Municipalidad.
Otro hecho está relacionado a este, ya que en 2012 el municipio expidió un certificado libre deuda a favor del empresario. Otro hecho materia de investigación apunta a la compra directa de la máquina retroexcavadora marca XCMG -Modelo XT 864 a la firma American Tape SRL por la suma de $547.638,00, mediante Decreto N°275/13 de fecha 1 de octubre de 2013. El decreto fue firmado por Rossi y su entonces secretario de Gobierno, Roberto Gómez. Se busca establecer si se abonó $51.138 de más, comparado con el precio ofrecido por el mismo oferente y por la misma máquina en la licitación pública N° 6 que se declaró desierta el 5 de agosto de ese año.
La Fiscalía también puso en la mira la licitación pública N° 2 de 2013, mediante la que se adquirió 100) m3 de Hormigón H21 y que fue adjudicado mediante Decreto N° 97 Bis a la firma Hormigones Cavenaghi. Se supo que en la compra se pactó el pago de la suma de $950 por metro cúbico por 18 entregas parciales del producto, pero que luego de la tercera entrega de hormigón, la empresa habría aumentado unilateralmente el precio y no entregó 29 m3 de hormigón. A pesar de esa situación, el municipio aceptó el aumento sin acto administrativo alguno y pagó el material. En este caso, se habría causado un perjuicio al erario público de $105.880. El cálculo es la suma integrada por el mayor precio pagado de $78.330 y $27.550 de la faltante de entrega por parte del proveedor.
También se investigan los ejercicios presupuestarios municipales correspondientes a 2021 y 2022, años sobre los que no habría libro de inventario. Esta omisión colisiona con lo establecido en la Ley de Municipios 10.027, que en su artículo 134 lo exige. Sobre el primer año mencionado, se investiga si se omitió el registro de la deuda consolidada del año 2021, las cual ascendía a $63.346.874,02 y del año 2022, que habría sido de $99.944.649,14. Finalmente, es materia de examen fiscal si Rossi cometió un delito al designar en el cargo de Contador Municipal a Marcelo Medina, quien durante 2021 y 2022 se habría desempeñado sin tener título profesional habilitante, incumpliendo lo dispuesto por el artículo 95 inc. e) y artículo 136 de la Ley 10027.
Luz y obra pública
En la Justicia también investigan la deuda que tiene la Municipalidad de Santa Elena con Enersa, la distribuidora de energía de la provincia. Esto fue observado por el Tribunal de Cuentas, que encontró que, tanto por la luz en los inmuebles como por el alumbrado público, debe casi 1.000 millones de pesos. El año pasado el Concejo Deliberante, con mayoría oficialista, aprobó un proyecto del Ejecutivo que buscaba saldar la deuda con tierras fiscales. Esa posibilidad nunca se pudo concretar.
Por último, cabe recordar que está pendiente la realización del juicio oral y público por supuesto pago de sobreprecios en una obra pública de pavimentación en el que está imputado el intendente y otros exfuncionarios. Rossi está acusado por supuesto pago de sobreprecios en una obra de pavimentación de 20 cuadras, proyecto ejecutado en 2014, y denunciado en 2016 por su concuñado y sucesor al frente de la Intendencia, Silvio Moreyra (PJ). La causa se elevó a juicio en 2020 pero aún no se pudo realizar ante diferentes presentaciones legales que hizo la defensa del intendente, Carlos Guillermo Reggiardo (actual funcionario de la comuna de Santa Elena y, a la vez, contratado del Senado entrerriano) contra fiscales y jueces del Tribunal. Reggiardo es dueño de la web La Caldera, desde donde fustiga a diario a críticos y opositores de Rossi.
En este caso, el fiscal Santiago Alfieri señaló en su acusación que durante la gestión Rossi, el Municipio pagó a la empresa L&C, del empresario Néstor Szczech, más de $20 millones para ejecutar la pavimentación de una 20 cuadras, cuando el costo máximo estimado en el mercado era $18 millones y el mínimo, de $14 millones. La obra se realizó en el marco del programa nacional ‘Más Cerca’.
En la Justicia también investigan la deuda que tiene la Municipalidad de Santa Elena con Enersa, la distribuidora de energía de la provincia. Esto fue observado por el Tribunal de Cuentas, que encontró que, tanto por la luz en los inmuebles como por el alumbrado público, debe casi 1.000 millones de pesos. El año pasado el Concejo Deliberante, con mayoría oficialista, aprobó un proyecto del Ejecutivo que buscaba saldar la deuda con tierras fiscales. Esa posibilidad nunca se pudo concretar.
Por último, cabe recordar que está pendiente la realización del juicio oral y público por supuesto pago de sobreprecios en una obra pública de pavimentación en el que está imputado el intendente y otros exfuncionarios. Rossi está acusado por supuesto pago de sobreprecios en una obra de pavimentación de 20 cuadras, proyecto ejecutado en 2014, y denunciado en 2016 por su concuñado y sucesor al frente de la Intendencia, Silvio Moreyra (PJ). La causa se elevó a juicio en 2020 pero aún no se pudo realizar ante diferentes presentaciones legales que hizo la defensa del intendente, Carlos Guillermo Reggiardo (actual funcionario de la comuna de Santa Elena y, a la vez, contratado del Senado entrerriano) contra fiscales y jueces del Tribunal. Reggiardo es dueño de la web La Caldera, desde donde fustiga a diario a críticos y opositores de Rossi.
En este caso, el fiscal Santiago Alfieri señaló en su acusación que durante la gestión Rossi, el Municipio pagó a la empresa L&C, del empresario Néstor Szczech, más de $20 millones para ejecutar la pavimentación de una 20 cuadras, cuando el costo máximo estimado en el mercado era $18 millones y el mínimo, de $14 millones. La obra se realizó en el marco del programa nacional ‘Más Cerca’.
Enriquecimiento
El 12 de junio de 2006 quedó firme la condena a Rossi, quien fue declarado como autor material y responsable del delito de enriquecimiento ilícito de funcionario público y, en consecuencia, se lo condenó a la pena de tres años de prisión condicional, inhabilitación absoluta por el término de ocho años y a abonar una multa de 90 mil pesos. Esa causa llegó hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que el 1° de diciembre de 2009 la dejó firme. Actualmente, en la Fiscalía de Paraná hay abierto un expediente en la que se investiga nuevamente el delito. En el expediente también se encuentra Patricia Díaz, esposa de Rossi y senadora por el departamento La Paz.
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