Productores y vecinos que habitan o trabajan en zonas rurales del ejido de Santa Elena vuelven a poner sobre la mesa un reclamo de larga data, que no ha encontrado solución en años.
En los últimos días, como han hecho en otras oportunidades con gestiones anteriores, enviaron sendas notas al ministro de Seguridad y Justicia de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, así como al procurador General de la Provincia, Jorge Amílcar García, para pedir acciones que ayuden a mitigar el marcado aumento de delitos rurales, como cuatrerismo, robos y caza ilegal, entre otros.
Los firmantes, que aseguran no tener "interés político ni partidario", denuncian un "estado de inseguridad suscitado como consecuencia del incremento delictivo" sobre todo vinculado a la matanza de animales, lo que "se ha agravado en los últimos meses", así como una creciente "intrusión ilegal en tierras privadas", registró La Sexta a partir de las notas presentadas.
En ese marco, solicitan que se instrumente una mayor presencia policial y acción judicial, así como mayores recursos destinados a la seguridad, para poder disminuir el flagelo que les provoca pérdidas millonarias y un estado de potencial riesgo o peligro en las zonas rurales.
La finalidad de estos productores organizados es "poder trabajar y vivir en comunidad de manera pacífica", afirman en los textos, a la espera de soluciones o respuestas de las autoridades.
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